Riesgo de contaminación de aguas subterráneas aún es poco monitoreado

Dos tercios de los 14 mil pozos privados existentes en la Región Metropolitana de São Paulo (Brasil) no están formalmente registrados y muchos de los que están en situación regular operan en áreas contaminadas por residuos industriales tóxicos

Por José Tadeu Arantes  |  Agência FAPESP – Con cerca de 22 millones de habitantes, la Región Metropolitana de São Paulo (RMSP), en Brasil, consume en promedio 61,6 metros cúbicos (o 61.600 litros) de agua por segundo. Aunque casi todo el abastecimiento público proviene de manantiales superficiales, se estima que aproximadamente el 18 % del consumo total depende de acuíferos, a través de cerca de 14 mil pozos privados. El aporte de los acuíferos es de aproximadamente 347 millones de metros cúbicos por año.

Pero dos tercios de esos pozos no están formalmente registrados. Y muchos de ellos fueron perforados en antiguas zonas industriales, hoy desindustrializadas y en proceso de reconversión inmobiliaria. La contaminación de estas áreas por residuos industriales, principalmente solventes clorados utilizados en la limpieza de máquinas, constituye un riesgo para el consumo de aguas subterráneas, considerando la dificultad de gestionar este pasivo ambiental a una escala compatible con la demanda de recursos hídricos.

Esta es la principal advertencia de un artículo publicado en la revista científica Environmental Earth Sciences. El trabajo, apoyado por la FAPESP y firmado por Daphne Silva Pino y colaboradores, examina el panorama brasileño, con especial énfasis en la RMSP. “Llamamos la atención sobre los riesgos potenciales asociados al uso de acuíferos en antiguas áreas industriales o en proceso de reurbanización, en un contexto de monitoreo aún fragmentado”, afirma Pino.

Ella es investigadora posdoctoral en el Instituto de Geociencias de la Universidad de São Paulo (IGc-USP). Su supervisor, Reginaldo Antonio Bertolo, también firma el artículo.

Bertolo sintetiza la situación: “Por cada tres pozos que se construyen, dos son irregulares, en el sentido de que el poder público no tiene conocimiento de su existencia ni puede evaluar si el agua utilizada representa un riesgo para el usuario”. Según el investigador, clubes, condominios, industrias y hospitales figuran entre los principales consumidores del recurso subterráneo.

Entre los principales contaminantes, incluidos en la categoría de “solventes clorados”, se destacan el percloroetileno (C₂Cl₄) y el tricloroetileno (C₂HCl₃), utilizados como desengrasantes industriales. “Estas sustancias, ampliamente empleadas en la limpieza de piezas metálicas, son altamente tóxicas”, afirma Pino. Ella recuerda que el percloroetileno también se utilizó durante décadas en lavanderías para la limpieza en seco y que la legislación brasileña vigente todavía permite su uso, aunque impone diversas restricciones y exigencias. “Su uso ha disminuido bastante, pero estos solventes siguen presentes en ambientes industriales”, señala.

Aunque estos productos están controlados en el ámbito industrial, la información pública sobre quién los utiliza y en qué cantidades sigue siendo escasa. Además, existen vacíos regulatorios sobre la eliminación y el reciclaje de estos solventes.

Desde el punto de vista hidrogeológico, el riesgo no se limita a la toxicidad. Bertolo observa que los hidrocarburos derramados por estaciones de servicio tienden a degradarse con mayor rapidez. En cambio, los solventes clorados presentan un comportamiento más persistente. “Cuando ocurre la degradación, se forman compuestos ‘hijos’ que pueden ser incluso más tóxicos que el compuesto original”, afirma. Pino añade que, si hay pozos bombeando en profundidad, se crea un gradiente hidráulico descendente que facilita el ingreso de estos contaminantes hacia niveles más profundos del acuífero.

Una de las contribuciones centrales del estudio es el cruce cartográfico entre tres capas de información: zonas industriales, áreas oficialmente contaminadas por solventes clorados y pozos de abastecimiento. El análisis muestra que, en São Paulo, estas tres dimensiones frecuentemente se superponen. Pino describe una de las figuras producidas por el estudio, correspondiente a un área del barrio de Mooca, una de las regiones de la ciudad de São Paulo que atravesaron un importante proceso de desindustrialización: “Los puntos azules representan pozos de abastecimiento conocidos; los rojos, áreas contaminadas; y los polígonos verdes indican áreas donde no debería haber captación. Lo que llama la atención es la proximidad e incluso la superposición entre pozos registrados y áreas contaminadas. El problema se vuelve aún más grave si consideramos la predominancia de pozos irregulares, que obviamente no aparecen en la figura”.

Lo que ocurre en Mooca también sucede en otras áreas desindustrializadas de la ciudad de São Paulo. El proceso de desindustrialización, iniciado ya a finales de la década de 1970, se consolidó a partir de la década siguiente y se ha intensificado desde entonces. Debido a los elevados costos urbanos, muchas empresas trasladaron sus fábricas a municipios de la Región Metropolitana, al interior del estado de São Paulo o incluso a otros estados.

El proceso dejó tras de sí un rastro de galpones abandonados y subsuelo contaminado. Cuando no quedaron simplemente en ruinas, antiguos distritos fabriles pasaron a albergar actividades de servicios, comercio y emprendimientos inmobiliarios en territorios no preparados para esta reconfiguración económico-social. Según la legislación paulista, si existe un área contaminada en un radio de 500 metros de un pozo, el responsable debe presentar informes sobre la calidad del agua al órgano ambiental. Al aplicar este criterio a los mapas producidos en el estudio, los autores identificaron 17 aglomeraciones de áreas contaminadas y pozos cuyos radios se superponen: en regiones como Jurubatuba, Jaguaré, Mooca y Vila Prudente, en la ciudad de São Paulo; y Diadema, Mauá y Osasco, en la RMSP.

“Muchas de estas áreas funcionan como fuentes multipunto de contaminación, con plumas que se interceptan. Y hay pozos profundos utilizados para consumo humano dentro de estos cinturones”, enfatiza Pino. El estudio señala que la gestión de áreas contaminadas suele realizarse en el límite de cada propiedad, mientras que el agua subterránea ignora las fronteras inmobiliarias. “Se retira el suelo superficial para controlar el riesgo inmediato, evitando, por ejemplo, que vapores tóxicos ingresen a edificaciones. Pero gran parte de la masa contaminante permanece en profundidad y continúa siendo transportada por el agua subterránea”, describe Bertolo.

Hasta 2020, solo el 18,6 % de los sitios contaminados por solventes clorados habían sido clasificados como “rehabilitados para el uso declarado”. Esta categoría no implica la eliminación completa de la masa contaminante, sino su reducción a niveles considerados aceptables desde el punto de vista del riesgo. Al analizar el registro del estado de São Paulo, los investigadores identificaron 596 áreas con antecedentes de solventes clorados. Más de la mitad aún se encontraba en fase de remediación, mientras que el 26 % permanecía en investigación.

Bertolo afirma que la contaminación tiende a concentrarse en los primeros metros del acuífero. “Pero cuando se bombea a 100 metros de profundidad se crea un gradiente descendente que hace que el agua contaminada de la zona superficial migre lentamente hacia abajo”, explica. Señala que capas geológicas menos permeables pueden actuar como filtro natural, pero reconoce importantes incertidumbres sobre la eficacia de este mecanismo a lo largo de décadas. La toxicidad de los solventes agrava el escenario. “El límite de potabilidad es del orden de partes por billón”, destaca el investigador. “Una cantidad mínima disuelta ya es suficiente para comprometer enormes volúmenes de agua”.

Jurubatuba, en la zona sur del municipio de São Paulo, aparece en el artículo como el área más estudiada de la RMSP. Aun así, tres cuartas partes de los sitios allí ubicados carecen de información detallada en los registros ambientales. La mitad corresponde a instalaciones industriales con antecedentes documentados de uso de solventes clorados. Bertolo ve en el monitoreo de la región un ensayo de lo que podría hacerse a mayor escala, alcanzando otras manchas industriales, como partes del ABCD paulista (subregión de la RMSP), con una actuación coordinada entre la Compañia Ambiental del Estado de São Paulo (Cetesb) y la Agencia de Aguas del Estado de São Paulo.

“Hoy el escenario exige una acción estratégica que supere el caso a caso y oriente la política pública para impedir el uso del agua subterránea en áreas más amplias. Cuando se observa el acuífero, las delimitaciones geométricas rígidas alrededor de un inmueble no tienen sentido. Es necesario tratar estas regiones como sistemas hidrogeológicos integrados”, añade Pino.

El artículo concluye con un llamado a contar con bases de datos más robustas, equipos técnicos multidisciplinarios y diagnósticos regionales sistemáticos capaces de dimensionar la extensión real del problema y orientar políticas de largo plazo.

El artículo Overview of groundwater management at sites contaminated by chlorinated solvents in Brazil puede leerse en: doi.org/10.1007/s12665-025-12727-x.