Un proyecto para fortalecer las políticas públicas de enfrentamiento de catástrofes ambientales en Brasil

La tragedia climática que ha azotado al sur del país les imprime urgencia a las acciones coordinadas entre los gobiernos y distintas entidades. Un grupo de científicos estudia la cuenca del río Paraíba do Sul como programa piloto

Por Luciana Constantino  |  Agência FAPESP – Un grupo de científicos del Centro Nacional de Monitoreo y Alertas de Desastres Naturales (Cemaden), del Instituto de Ciencia y Tecnología de la Universidade Estadual Paulista (ICT-Unesp) y de la Fundación Getúlio Vargas (FGV), en Brasil, y de la Universidad de Glasgow, en Escocia, trabaja en la implementación de un proyecto cuyo objetivo es realizar un diagnóstico de la estructura de los gobiernos municipales brasileños y de las respectivas comunidades para hacer frente a los desastres ambientales, para coproducir a partir del mismo estrategias de fortalecimiento de la implementación de acciones relacionadas con esta temática.

El referido proyecto, intitulado “Capacidades Organizativas de Preparación para Eventos Extremos (Cope)”, cuenta con financiación de la FAPESP. E incluye etapas tales como la participación de científicos de diversas áreas del posgrado, la aplicación de cuestionarios virtuales, nuevas metodologías para el desarrollo de sistemas de alerta centrados en las personas e investigaciones de campo.

En una primera fase, tomarán parte las 184 ciudades de la cuenca del río Paraíba do Sul, que baña los estados de São Paulo, Minas Gerais y Río de Janeiro. Los proyectos piloto se implementarán en tres municipios de pequeño, mediano y gran porte respectivamente: São Luiz do Paraitinga (São Paulo), Cataguases (Minas Gerais) y Nova Friburgo (Río de Janeiro). Estas ciudades representan la variedad de realidades locales, no solamente de la propia cuenca sino también de otras regiones del país, lo que hace posible concretar un análisis abarcador y diversificado.

En la segunda etapa se contará con la participación de las gestiones municipales y de los organismos de Defensa Civil locales (el registro de interesados puede concretarse en el siguiente enlace: bit.ly/4dMSYZE).

“Vivimos en un escenario en el cual los eventos climáticos son cada vez más extremos y frecuentes. Aparte de las infraestructuras y el fortalecimiento de las acciones con la participación de las comunidades implicadas, es necesaria una acción coordinada de diversos actores tendiente a disminuir la vulnerabilidad social, ambiental e institucional. Por eso nuestro proyecto posee un fuerte componente en lo que atañe a la implementación de políticas públicas, con la participación de esos actores en el diseño de las acciones. Entre otros de nuestros propósitos, pretendemos incrementar las capacidades institucionales y comunitarias”, le dice a Agência FAPESP el sociólogo Victor Marchezini, investigador del Cemaden y responsable del Cope.

En la mayor catástrofe ambiental de la historia del estado de Río Grande do Sul, las inundaciones del pasado mes de mayo devastaron municipios y provocaron la muerte de al menos 172 personas (hasta el día 2 de junio). Dejaron poblaciones aisladas y miles de evacuados, aparte de destruir infraestructuras tales como carreteras, puentes e incluso aeropuertos. A algunas ciudades habrá que reconstruirlas completamente.

El año pasado, la región de Vale do Taquari, una de las más damnificadas ahora, ya había sido afectada por eventos similares, cuando un ciclón seguido de una crecida provocó muertes, aparte de pérdidas estructurales y económicas. “Nos percatamos de que las afirmaciones realizadas en el pasado que indicaban que los eventos climáticos sucederían cada diez o 15 años ya no coinciden con la realidad. Por eso es importante entender en qué medida afecta el agravamiento de los casos y eleva los costos, y también es necesario fortalecer la ciudadanía, para que la sociedad sepa cómo prevenir los daños y disminuir los riesgos”, sostiene la economista Lucía Calderón Pacheco, investigadora del Programa de Capacitación Institucional del Cemaden.

Según el Atlas Digital de Catástrofes en Brasil, una plataforma de la Defensa Civil Nacional, el país registró pérdidas por 48.500 millones de reales en casi 5.670 episodios de anegamientos, aluviones, inundaciones, lluvias intensas, tornados, vendavales, ciclones, granizo y movimientos de masa entre 2020 y 2024. Fueron 34,7 millones de personas afectadas. Solamente en el estado de Rio Grande do Sul, las pérdidas llegaron a los 8.410 millones de reales, con 5,6 millones de habitantes damnificados.

En la práctica

En el marco del Cope, Calderón Pacheco publicó a finales del año pasado un estudio en el cual analizó los impactos socioeconómicos de las catástrofes ambientales acaecidas en los municipios de la cuenca del río Paraíba do Sul entre los años 2003 y 2022. Y arribó a la conclusión de que, de las 184 ciudades, al menos 173 registraron un desastre como mínimo durante dicho período, de los cuales en un 70 % sucedieron en localidades de pequeño porte, con menos de 50.000 habitantes.

“Los municipios pequeños terminan sufriendo más, ya que cuentan con un presupuesto menor y una menor capacidad institucional para afrontar este problema”, añade la investigadora. Esto quedó claro en esa investigación: pese a que el 90 % de los municipios de la cuenca informó contar con una unidad de coordinación municipal de defensa civil, el relevamiento de áreas de riesgo se había concretado en un 64 % de las ciudades (la mayoría de grande y mediano porte); un 48 % tenía planos de contingencia y solamente el 22 % de ellas contaba con sistemas de alerta.

En 2022, Marchezini había coordinado el proyecto Elos, en cuyo marco se concretó un estudio de la información referente a la estructura y las capacidades de las organizaciones de defensa civil municipales, que redundó en una serie de publicaciones. Entre ellas puede hacerse mención al Diagnóstico Municipal de Protección y Defensa Civil.

La idea es que los resultados del proyecto Elos también contribuya en parte al diseño de las metodologías que se desarrollarán en el proyecto Cope.

Nuevos caminos

Para formular los diagnósticos en el proyecto Cope, los investigadores han venido procurando desarrollar nuevas metodologías que aporten al diseño de las políticas públicas y al cumplimiento de metas globales de enfrentamiento de los cambios climáticos.

En esta línea, recientemente salió publicado el estudio intitulado Evolución de la capacidad institucional de la RMSP con relación a los cambios climáticos, en el cual se propone una nueva metodología destinada a medir la capacidad institucional de los municipios y las áreas metropolitanas brasileñas con miras a alcanzar el Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) número 13, referente a la acción contra el cambio global del clima. Este método se aplicó al Área Metropolitana de São Paulo utilizando datos relacionados con el medio ambiente y con la gestión de riesgos disponibles en el Estudio Nacional de Información Municipal del IBGE, en sus ediciones de los años 2013, 2017 y 2020.

Y he aquí el resultado: “Verificamos un proceso de degradación de las capacidades de los municipios desde el año 2013. En el caso de la gestión de riesgos de catástrofes ambientales se registra un movimiento de deterioro continuo que empeora entre 2013 y 2017, y más aún con relación a 2020. La capacidad institucional concerniente a las políticas medioambientales decayó entre 2013 y 2017, pero experimentó una discreta mejora en 2020. No obstante, notamos que la degradación tiene efectos sobre todas las funciones relacionadas con la capacidad organizativa de enfrentamiento de los cambios climáticos”, culmina diciendo el especialista en políticas públicas Leonardo Rossatto Queiroz, quien estuvo a la cabeza del trabajo apoyado por la FAPESP.

Para analizar estas funciones, se incluyeron en la investigación cuatro dimensiones: acciones administrativas de apoyo (ejecutadas para viabilizar los trabajos, tales como compras, suministro de equipos y gestión financiera); acciones técnicas (prestación de servicios, políticas de monitoreo y gestión del conocimiento); políticas de estructura y cultura (ligadas a la gobernanza y a la cultura organizacional), y el aporte de recursos que posee la institución.

“Estamos hablando de un deterioro de la capacidad institucional en todos sus aspectos. Cuando esto sucede, las propias políticas públicas se degradan, es decir, los municipios dejan de tener capacidad para ejecutar adecuadamente las acciones, pierden la estructuración interna para brindar un buen apoyo a la población y la cultura organizacional queda perjudicada. Eso sin contar el recorte de recursos, que es constante”, añade Rosatto Queiroz. Ahora el grupo pretende adaptar esta metodología a otras regiones, lo que incluye a la cuenca del río Paraíba do Sul.

Para hacerse una idea de los recursos a nivel nacional, por ejemplo, los valores destinados a la defensa civil no llegan al 1 % del presupuesto de la Unión: variaron del 0,034 % en 2019 al 0,062 % en 2022 (con 1.480 millones de reales autorizados), según un artículo científico firmado por Marchezini y por los investigadores Fernanda Dalla Libera Damacena, Renato Eliseu Costa y Luiz Felipe da Fonseca Pereira, y publicado en la Revista Brasileira de Políticas Públicas.

“Los científicos ya hacen referencia a un calentamiento global superior a los 2 °C con relación al período preindustrial, que supera lo previsto en 2015 en el Acuerdo de París, que indicaba 1,5 °C. Ante esta realidad, el tema no es si pueden ocurrir o no catástrofes ambientales de grandes magnitudes, tales como las lluvias que afectaron a la región sur de Brasil. Van a ocurrir. Por eso debemos fortalecer la ciudadanía y concientizar a las poblaciones para entender la nueva realidad y ser parte de las acciones de gestión de riesgos. El fortalecimiento de las capacidades institucionales es fundamental para que las investigaciones no queden únicamente en los papeles”, culmina diciendo Calderón Pacheco.