Un estudio propone cambios en la legislación del Bosque Atlántico con miras a expandir su conservación

La carencia de un método para clasificar los estadios forestales en la resolución vigente en Brasil da margen para la supresión de áreas que suministran importantes servicios ecosistémicos. Según los autores de una investigación realizada en este país, las alteraciones que se sugieren les imprimirían una mayor precisión a las mediciones y eliminarían una etapa onerosa para los propietarios y escasamente efectiva

Por André Julião  |  Agência FAPESP – Con el apoyo de la FAPESP, un grupo de investigadores observó que los criterios fundamentales para definir si los propietarios de una área de Bosque Atlántico pueden o no suprimirla aparecen de manera poco clara en las directrices ambientales brasileñas. De este modo, pueden dar margen para el desmonte legal de áreas que suministran importantes servicios ecosistémicos.

Los científicos brasileños plantean cambios que pueden simplificar el proceso de otorgamiento de autorizaciones a los propietarios, al tiempo que dotarían de mayor efectividad a la política de conservación. Este estudio salió publicado en la revista Perspectives in Ecology and Conservation.

“En líneas generales, la legislación brasileña estipula que los bosques en estadio inicial, con excepción de los incluidos en el área obligatoria de conservación [Reserva Legal y Áreas de Preservación Permanente, dos de las categorías que regulan las acciones legales para la protección ambiental], pueden suprimirse hasta un 100 % dependiendo del caso”, explica Angélica Resende, autora principal del estudio, realizado como parte de su posdoctorado con beca de la FAPESP en la Escuela Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, de la Universidad de São Paulo (Esalq-USP), en Brasil.

“No obstante, resoluciones como la del estado de São Paulo no estipulan un método para efectuar una clasificación del estadio del bosque que mida realmente los atributos más importantes de esas áreas, lo que da margen para distorsiones”, añade.

Aparte del relevamiento de la etapa de sucesión forestal, tal el nombre que se le da a este criterio, otro requisito en las solicitudes de autorización para la supresión de Bosque Atlántico es el inventario de la flora del área que se deforestará, con el fin de verificar la diversidad de especies arbóreas y la existencia de especies amenazadas de extinción.

Así y todo, los autores argumentan que esta tarea exige un grado de especialidad muy alto, toda vez que el bioma posee una cantidad muy grande de especies y los grupos vegetales varían bastante de una región a otra, o incluso en una misma zona. De este modo, se hace virtualmente imposible seguir a rajatabla la determinación en caso de no contar con un especialista muy avezado.

Por eso el grupo propone eliminar esta etapa en una primera parte de la solicitud de autorización y aplicarla en un segundo momento, y únicamente en aquéllas autorizadas en la fase inicial. Los estudios estarían a cargo de técnicos certificados o al servicio del gobierno.

El referido estudio forma parte del proyecto intitulado “Para entender los bosques restaurados en beneficio de la gente y de la naturaleza – NewFor”, apoyado por la FAPESP en el marco del Programa FAPESP de Investigaciones en Caracterización, Conservación, Restauración y Uso Sostenible de la Biodiversidad (BIOTA) y coordinado por Pedro Brancalion, docente de la Esalq-USP.

“Existe una necesidad de conservar y restaurar más, debido a los compromisos suscritos por Brasil y por el estado de São Paulo con miras a cumplir las metas de emisiones de gases de efecto invernadero, y esto sin mencionar otros servicios que brindan los bosques, como la polinización de los cultivos y la protección de los cursos de agua”, comenta Brancalion.

Como se encuentra actualmente, según el investigador, puede burlarse la legislación con facilidad, lo que puede ocasionar la supresión de bosques en un estadio avanzado. Por añadidura, a los propietarios de tierra y a los técnicos se les hace bastante complejo entender la normativa.

Un área remanente en un bosque ombrófilo de la zona de Serra da Cantareira. Los bosques primarios como éste prestan cuantiosos servicios ambientales y tienen prioridad de conservación (foto: Proyecto NewFor)

La legislación

Cuando alguien pretende talar un área de Bosque Atlántico de su propiedad, ya sea para abrir una nueva área de producción agropecuaria o habitacional, una regla básica indica que el 20 % del total de la propiedad debe permanecer cubierto de bosque. Es la llamada Reserva Legal, según la Ley de Protección de la Vegetación Autóctona, más conocida como Código Forestal y promulgada en Brasil en el año 2012.

La Ley del Bosque Atlántico, de 2006, estipula las etapas de sucesión forestal y los usos autorizados de esos bosques en todo Brasil. En la esfera de los estados, se determina qué cantidad de bosque puede suprimirse entre los casos que se encuadran en la ley nacional.

En São Paulo, la regla está determinada por la Resolución 01/1994 del Consejo Nacional de Medio Ambiente (Conama). Si bien el Conama es un organismo federal, la norma se estableció en forma conjunta con el estado paulista, lo que les sirvió de inspiración a otras unidades federativas.

Si un propietario ya cumple la regla del 20 % de Reserva Legal, más las Áreas de Protección Permanentes (APP), tales como cimas de cerros, cabeceras y orillas de cuerpos de agua, y pretende derribar otra parte o todo el bosque “excedente”, puede solicitar una autorización ante el organismo ambiental del estado para concretar dicha supresión.

Para obtener ese permiso, debe contratar a un técnico, quien luego de realizar un estudio del área emite un dictamen que presenta ante la secretaría de medio ambiente de su estado. Uno de los principales criterios para autorizar el desmonte legal reside en si el bosque es considerado joven, lo que lo clasifica como en la “etapa inicial”.

De acuerdo con la ley, un bosque en esa etapa, con árboles de hasta 8 metros de altura y troncos con diámetros de hasta 10 centímetros, no suministraría tantos servicios ecosistémicos como un bosque primario.

Los bosques primarios, o en estadios más avanzados, se sabe que albergan una gran cantidad de especies. Pueden hacer que el clima se vuelva más clemente, generar agua, almacenar carbono y proveer polinizadores, entre otros servicios ecosistémicos. Por eso se erigen como prioritarios para su conservación.

Los problemas

Como la legislación no especifica los criterios fundamentales para concretar la medición o la etapa en la que se encuentra el bosque, alguien que esté cumpliendo la regla puede en el límite clasificarlo erróneamente como en etapa inicial.

Sucede que uno de los criterios para determinar la etapa de sucesión forestal es el diámetro promedio de los troncos en una determinada área, sin que la legislación defina ni siquiera el tamaño mínimo de esa área que debe inventariarse. La legislación no fija cuál es el diámetro mínimo a la altura del pecho, un parámetro que se emplea en los trabajos científicos y en empresas forestales, y que incluso está presente en las legislaciones de otros estados brasileños.

“De este modo, quienes están elaborando un inventario forestal pueden elegir el diámetro menor, aun cuando estén rodeados de árboles centenarios, reduciendo el diámetro promedio y alcanzando el nivel como para que se autorice el desmonte legal”, señala Resende.

En un  ejemplo que se da a conocer en el estudio, otro grupo de investigadores analizó fragmentos remanentes conservados y montes secundarios en la zona de Serra do Mar, una de las mayores áreas continuas de Bosque Atlántico de Brasil. Se encontraron árboles con un diámetro promedio de 12,7 centímetros y 9,1 metros de altura promedio, considerando todos los ejemplares de más de 4,8 centímetros de diámetro.

“De seguirse los parámetros del Conama, a ese bosque rico en biomasa podría ubicárselo en una etapa inicial o intermedia”, ejemplifica Resende.

Las propuestas

Para superar deficiencias como ésta, los investigadores proponen realizar alteraciones en la resolución del Conama que se sigue en el estado de São Paulo. Una de ellas consiste en separar los tipos de bosques (fitofisonomías), reconociendo las diferencias naturales existentes entre esas formaciones. Y con base en ello, establecer un diámetro mínimo para los árboles sujetos a inventario.

Otra propuesta consiste en definir un área mínima de muestreo para determinar la etapa del bosque, como toda la zona en lugares con menos de media hectárea o el 1 % de la extensión en terrenos de más de 5 hectáreas, por ejemplo. En la actualidad, a un área de ese tamaño puede evaluársela con tan solo una parcela de 10 metros cuadrados, por ejemplo.

Para efectuar una revisión, uno de los posibles caminos por seguirse residiría en la propuesta que figura en la última parte del artículo, que sugiere que la evaluación se concrete en dos etapas. La primera a cargo del propio titular de la tierra, sin que necesariamente requiera de la labor de un técnico.

El organismo ambiental del estado verificaría entonces el historial de uso y de cobertura del suelo de los últimos 40 años en esa área mediante el empleo de herramientas disponibles gratuitamente, como MapBiomas y Google Earth, con el agregado de fotos tomadas por el solicitante.

El organismo ambiental aprobaría o rechazaría luego la solicitud en primera instancia, para derivar a continuación de los aprobados a una segunda evaluación. En la segunda etapa, técnicos designados por el gobierno efectuarían el análisis florístico a los efectos de verificar el grado de biodiversidad y la presencia de especies amenazadas. De esta forma, se le ahorraría al propietario el pago de un servicio que pocas personas se encuentran en condiciones de concretar con excelencia.

Para culminar, se analizarían los aspectos sociales y del paisaje para adoptar uno o más servicios ambientales como indicadores. El enfoque recaería no solamente sobre la sociedad en general, sino también sobre la población local, la más afectada por la tala del bosque, debido a la pérdida de servicios ecosistémicos como el agua, el bienestar y la regulación del clima.

“La Ley del Bosque Atlántico fue una gran vitoria de la sociedad brasileña. Sin embargo, se hace necesaria la estipulación de un nuevo alcance técnico para reforzarla casi dos décadas después de su promulgación y más de tres décadas después de la resolución del estado de São Paulo. El conocimiento sobre el Bosque Atlántico ha venido incrementándose ostensiblemente durante los últimos años y se encuentra disponible para diseñar reglas más efectivas y basadas en la ciencia”, culminan afirmando los autores.

Este estudio contó también con el apoyo de la FAPESP a través del Núcleo de Análisis y Síntesis de Soluciones Basadas en la Naturaleza (BIOTA Síntesis), y del Centro de Ciencia para el Desarrollo - Estrategia Bosque Atlántico (CCD-EMA), aparte de las becas de posdoctorado (22/14605-0, 20/06734-0, 22/07712-5 y 23/00412-9).

Puede leerse el artículo intitulado How to enhance Atlantic Forest protection? Dealing with the shortcomings of successional stages classification en el siguiente enlace: www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2530064424000221.