La asignación de emergencia cambió la percepción de los brasileños sobre medidas de protección social | AGÊNCIA FAPESP

La asignación de emergencia cambió la percepción de los brasileños sobre medidas de protección social Al participar en un seminario organizado por la FAPESP para debatir alternativas de recuperación económica en el contexto posterior a la pandemia, economistas evalúan que el momento es favorable para la ampliación de las políticas de ingreso básico (foto: Marcello Casal Jr/Agencia Brasil)

La asignación de emergencia cambió la percepción de los brasileños sobre medidas de protección social

17 de septiembre de 2020

Por Karina Toledo  |  Agência FAPESP – La creación de una asignación de emergencia destinada a los trabajadores brasileños que se quedaron sin ingresos durante la pandemia redujo la pobreza extrema en Brasil al menor nivel de los últimos 40 años, transformó la percepción de la sociedad acerca de las medidas de protección social y catapultó el debate referente la desigualdad a un nuevo nivel en el país.

Esta es la evaluación que hicieron pasado día 2 de septiembre los economistas participantes en el seminario online COVID-19 Economic Recovery Strategies: basic income, organizado por la FAPESP. Según los investigadores, sería imposible transformar en algo permanente a este ingreso de emergencia con un valor de 600 reales para casi la mitad de la población brasileña sin una verdadera revolución fiscal y legislativa. Por otra parte, el retorno al modelo de transferencia de renta vigente hasta marzo de 2020 tampoco parece una opción aceptable. ¿Cuál sería entonces el camino que debería seguirse? ¿Estaría llegando a hora de hablar seriamente de la implementación de un programa de ingreso básico universal?

Para el economista Naercio Menezes Filho, docente de la Universidad de São Paulo (USP) y del Instituto de Ensino e Pesquisa (Insper), la concentración de los recursos de la protección social en las familias pobres con hijos sería una manera más eficaz y menos costosa de asegurarle la igualdad de oportunidades a la futura generación de brasileños. La sugerencia de Menezes Filho apunta a que se fortalezca la inclusión social durante los primeros años de la educación.

“Cuando se nace pobre en Brasil, los problemas se acumulan en el transcurso de la vida y vuelven mucho difícil la concreción de proyectos y sueños. Esto desalienta a los jóvenes en lo concerniente a estudiar, a seguir una carrera en la facultad y a buscar un empleo formal, lo cual genera efectos en su productividad”, afirmó el economista.

Según Menezes Filho, el Programa Bolsa Familia –el principal programa de transferencia de ingresos de Brasil, en vigencia desde el año 2003– tuvo éxito en la disminución de la pobreza extrema, es decir, garantizó que la mayoría de los brasileños tuviesen acceso a la cantidad de calorías diarias necesarias para sobrevivir. Pero este beneficio debería ampliarse para tener un efecto real sobre la pobreza. “Actualmente, tan solo el 64% de los pobres del país se encuentra bajo su cobertura, y de ellos la mitad sigue siendo pobre incluso percibiendo ese haber”, dijo.

El economista sugiere que la aplicación creada este año por el gobierno federal para el pago del ingreso de emergencia se utilice en el otorgamiento de una asignación de 800 reales destinado los 3,62 millones de familias pobres con hijos de Brasil. De acuerdo con simulaciones que se dieron a conocer durante el evento, esta medida beneficiaría a más de 5 millones de niños, costaría 69 mil millones de reales al año y aseguraría que el 93% de las familias con hijos saliese de la condición de pobreza, con acceso garantizado a indumentaria, artículos de higiene, transporte y otras necesidades esenciales.

Aunque los costos estimados son mucho menores que los 50 mil millones de reales mensuales del ingreso de emergencia, es más del doble que los 33 mil millones de reales anuales del Bolsa Familia. Esta diferencia, según Menezes Filho, podría compensarse mediante un aumento de la carga tributaria que incide sobre la parte más rica de la población.

El investigador Rodrigo Orair, del Instituto de Investigación Económica Aplicada (Ipea), abogó por una estrategia similar.

“En el Ipea debatimos la implementación de un programa híbrido: con enfoque en las familias más pobres, pero con un componente de universalidad para niñas y niños. Esta combinación puede ser más eficaz para reducir la pobreza que la renta básica universal”, afirmó.

Según Orair, existen varias razones para que el alcance de este beneficio sea universal en el caso de niñas y niños, entre ellas el hecho de que la pobreza es más frecuente y más pronunciada entre las familias con hijos.

“El mantenimiento del ingreso de emergencia costaría un 7,5% del Producto Interno Bruto (PIB), Eso sería irrealista. Pero el programa Bolsa Familia también ha quedado chico para la realidad actual. ¿Hasta dónde podemos ir? Podemos optar por mantener la neutralidad fiscal y, en ese caso, el nuevo programa no podría costar más que un 0,8% del PIB. Podemos elevar ese costo a un 2% o un 3%, pero, ¿cuáles serían los posibles escenarios de financiación?”, se preguntó.

Un aumento de impuestos en medio de la actual recesión económica no es viable, reconoce el investigador. Pero sí sería posible ampliar la base de recaudación mediante una reforma tributaria tendiente a eliminar los “agujeros” del sistema actual, que hace posible que los más ricos paguen muy poco de impuestos proporcionalmente.

“Medidas sencillas, como gravar utilidades y dividendos, no resuelven esto. Hay que reformar todo el sistema e introducir simultáneamente un gravamen progresivo de la renta y la riqueza”, argumentó.

La utopía versus la realidad

La idea de un ingreso mínimo de subsistencia otorgado en forma permanente por el Estado y destinado a todos los ciudadanos tiene más de 500 años y volvió a cobrar fuerza con la crisis económica global provocada por el COVID-19. “Más de 200 países han implementado medidas de protección social como parte de la respuesta a la pandemia”, comentó Ugo Gentilini, economista sénior del Banco Mundial y autor de un libro que constituye una referencia sobre el tema.

Según el investigador, existen muchas definiciones y modelos distintos referentes a lo que se denomina universal basic income (UBI), que varían de acuerdo con el propósito de tal medida. Los gobernantes pueden apuntar a disminuir la pobreza y la desnutrición, estimular la economía mediante el aumento del consumo y combatir la pérdida de empleos en un sector específico, entre otros objetivos.

“Existen distintas interpretaciones relativas al concepto de universalidad. Puede serlo la búsqueda de un resultado universal sencillamente, para asegurarse de que todos los ciudadanos aprendan a leer, por ejemplo”, explicó.

Gentilini encontró solamente en Mongolia un programa que contemplaba todos los requisitos postulados para la UBI: transferencia regular de ingresos en dinero en forma universal, incondicional y a nivel nacional. Sin embargo, al cabo de dos años, su implementación se interrumpió debido a “la volatilidad de la financiación”.

A juicio de la profesora de la Universidad Federal de Pernambuco (UFPE) Rozane Bezerra de Siqueira, la implementación de un programa de este tipo en Brasil traería aparejados innumerables beneficios. Aparte de eliminar la pobreza, promovería una mayor equidad y cohesión social, y le daría mayor legitimidad al Estado.

Durante el seminario, la investigadora presentó resultados de simulaciones que realizó en colaboración con José Ricardo Nogueira, también de la UFPE, para estimar el costo y los efectos de la implementación de una renta universal por un valor de 406 reales con base en los datos de la edición de 2017 de la Investigación Nacional Continua por Muestreo de Domicilios (PNAD, en portugués), realizada por el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE).

Uno de los escenarios combina el ingreso básico universal –que en ese caso costaría un 11,5% del PIB (758 mil millones de reales en 2017)– con un impuesto proporcional sobre todos los otros ingresos cuya alícuota sería del 37,5% (flat rate) y reemplazaría al actual impuesto a las ganancias sobre personas físicas, como así también los aportes previsionales de los trabajadores empleados. Esta medida, según Bezerra de Siqueira, permitiría reducir el coeficiente de Gini –un indicador que mide la desigualdad de ingresos y que varía entre 0 y 1– del actual 0,54 a 0,38.

De acuerdo con un informe dado a conocer hace alrededor de seis meses por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (Pnud), Brasil es el séptimo país en nivel de desigualdad en el mundo, detrás únicamente de naciones del continente africano.

“Quizás existan importantes lecciones que han de aprenderse debido a la crisis provocada por la pandemia”, destacó Luiz Eugênio Mello, director científico de la FAPESP, durante la abertura del seminario. “Las preocupaciones iniciales estaban relacionadas con el descubrimiento de una vacuna o de nuevas drogas. Pero a medida que el tiempo pasa nos vamos empezando a preocupar con las consecuencias adicionales, entre ellas la actividad económica, que se ha visto severamente afectada.”

Los debates del evento estuvieron moderados por la científica social y docente de la Universidad de São Paulo (USP) Marta Arretche. Y se encuentran disponibles y completos en el canal de Agência FAPESP en YouTube.
 

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