Estudios sobre almacenamiento de carbono sirven de base en la redacción de un proyecto de ley en Brasil

Los resultados de trabajos realizados en el Centro de Investigaciones para la Innovación en Gases de Efecto Invernadero (RCGI), con el apoyo de la FAPESP, fundamentan la elaboración de una propuesta legislativa de creación de un marco legal para la explotación económica de esta actividad en el país, que se encuentra en trámite en el Senado

Por Elton Alisson  |  Agência FAPESP – En el Senado de Brasil se está tramitando el Proyecto de Ley nº 1.425, con el objetivo de crear un marco legal para la explotación económica en el país de la actividad de captura y almacenamiento de carbono en reservorios geológicos, tales como pozos de petróleo y gas, acuíferos salinos y capas de carbón.

El referido proyecto, cuyo autor es Jean Paul Prates, senador del Partido de los Trabajadores (PT) por el estado de Rio Grande do Norte, está basado en estudios sobre el tema realizados por investigadores vinculados al Centro de Investigaciones para la Innovación en Gases de Efecto Invernadero (RCGI).

El RCGI, constituido con el apoyo de la FAPESP y de la compañía petrolera Shell en la Escuela Politécnica de la Universidad de São Paulo (Poli-USP), es uno de los 23 Centros de Investigaciones en Ingeniería (CPE) creados por la Fundación durante los últimos diez años.

“Este proyecto de ley es fruto de la investigación que llevaron a cabo a lo largo de cuatro años científicos brasileños de la Universidad de São Paulo en el Centro de Investigaciones para la Innovación en Gases de Efecto Invernadero [Research Centre for Greenhouse Gas Innovation – RCGI], un centro de excelencia fruto de la asociación entre la industria, los gobiernos y la universidad pública para hallarles soluciones a los problemas que contemplamos”, se lee en el texto del proyecto de ley.

El RCGI cuenta con unos 400 investigadores que trabajan en 46 proyectos de investigación enfocados en estudios avanzados relacionados con el uso sostenible del gas natural, el biogás y el hidrógeno, y la gestión, el transporte, el almacenamiento y el uso de CO₂.

Algunos de los principales programas de investigación que mantienen los científicos del centro se refieren a la captura y el almacenamiento de carbono (CAC, o CCS, por sus siglas en inglés) y a la bioenergía con captura y almacenamiento de carbono (BECCS, también por sus siglas en inglés).

“Brasil posee un enorme potencial para hacer CCS no solamente offshore [en pozos de petróleo y gas en el lecho oceánico], sino también onshore [en tierra]. Un ejemplo de ello es la captura y el almacenamiento del CO₂ que se emite durante la producción de etanol y de otros biocombustibles, la llamada BECCS”, le dice a Agência FAPESP Julio Meneghini, director general del RCGI.

“De efectuarse la captura y el almacenamiento de CO₂ generado por la quema del gasoil utilizado en los camiones para el transporte y en las máquinas agrícolas empleadas en el cultivo de la caña de azúcar, por ejemplo, y de reducirse la aplicación de fertilizantes de origen fósil para ese cultivo destinado a la producción de bioenergía, el etanol brasileño puede llegar a tener una huella negativa en términos de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI)”, analiza.

La economía de bajo carbono

El texto del proyecto de ley hace hincapié en que la utilización de mecanismos de secuestro geológico de carbono (GCS), que apuntan a almacenar grandes cantidades de CO₂ en forma permanente en el sustrato geológico, impidiendo su liberación, constituye una alternativa tendiente a lograr la disminución de las emisiones de GEI con la mira puesta en sectores que no logran alcanzar ese objetivo en razón de sus procesos productivos o de costos.

Con todo, el texto consigna que las tecnologías de bajo carbono están lejos de llegar a un escenario de implementación a gran escala en Brasil, especialmente en lo que concierne al secuestro geológico de carbono. Actualmente, solo algunos campos de la capa oceánica presal logran desarrollar la actividad de CCS. Algunas de las razones de ello, de acuerdo con el autor del proyecto de ley, son las restricciones en las licencias ambientales y la carencia de reglas claras, sumadas al desafío de integrar a los polos industriales donde se producen las emisiones de CO₂ a los proyectos de inyección para el almacenamiento permanente.

Entre las barreras a la implementación de proyectos de CCS a gran escala, tres aspectos han venido siendo apuntados como estratégicos. Primeramente, los costos de la construcción y la operación de las infraestructuras; en segundo lugar, la falta de políticas de incentivos para fomentar el desarrollo de la CCS; y en tercero, la ausencia o la falla en la definición de temas jurídico-regulatorios relacionados fundamentalmente con la etapa de almacenamiento geológico del CO₂.

“La implementación de las actividades que forman la cadena de CCS requiere la formulación de un marco regulatorio específico para su desarrollo en Brasil, especialmente en lo que atañe a la etapa de almacenamiento de CO₂, toda vez que esta etapa de la cadena inaugura nuevos usos del subsuelo brasileño, que pueden implicar costos y riesgos económicos para el operador”, analiza.

Esta ausencia de normas sobre CCS en Brasil motivó la creación en el año 2017 de un grupo de estudios sobre el tema en el RCGI denominado Proyecto 42. Actualmente, algunos de los científicos han migrado hacia el nuevo proyecto denominado Advocacy, y los resultados de sus investigaciones sirvieron de base para la redacción del proyecto de ley.

Además de la participación de abogados, el grupo está compuesto por investigadores con distintas formaciones, tales como ingenieros, geógrafos, economistas y físicos, y mantiene colaboraciones con centros de estudios sobre el tema existentes en Estados Unidos y en el Reino Unido.

“Uno de los objetivos del estudio que realizamos en el transcurso de estos últimos cinco años consistió en definir una propuesta legislativa sobre CCS en Brasil que fijase algunos parámetros, tales como la autoridad competente para el otorgamiento y la regulación, los derechos de propiedad referentes a la actividad de almacenamiento de carbono, las licencias ambientales y la responsabilidad civil a largo plazo”, explica Hirdan Katarina de Medeiros Costa, coordinadora del proyecto que sirvió de base para la elaboración del proyecto de ley.

Una de las conclusiones de los investigadores, que aparece en el proyecto de ley, indica que al tratarse de formaciones rocosas que poseen valor económico y que, por ende, se encuadran en el concepto de recursos minerales, los reservorios geológicos son propiedad del gobierno federal de Brasil. En virtud de ello, este debe otorgar la concesión de la actividad de CCS a través del Ministerio de Minería y Energía (MME), mediante una autorización con plazo predeterminado y condiciones de revocación estipuladas por ley.

“Esto les da seguridad jurídica a las empresas interesadas en concretar el almacenamiento de CO₂, que es una actividad económica costosa”, afirma la abogada Isabela Morbach, una de las investigadoras del grupo, que estudió los principales aspectos jurídicos que idealmente deben aparecer definidos en un proyecto de ley sobre CCS.

Dado que fue la industria del petróleo la que desarrolló la tecnología y la capacidad en inyección y almacenamiento de CO₂ en Brasil, la regulación de CCS en el país debería estar a cargo de la Agencia Nacional del Petróleo, Gas Natural y Biocombustibles (ANP), según lo sugieren los investigadores. En tanto, las licencias ambientales deben seguir las normas estipuladas por el Instituto Brasileño de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Ibama), ligado al Ministerio de Medio Ambiente.

Los investigadores también proponen que la responsabilidad sobre el CO₂ almacenado en reservorios tras su concreción puede transferirse a una gestora de activos, una institución privada formada por un conjunto de operadores y bajo la fiscalización de la ANP.

“La gestora de activos recibiría el área luego de que la empresa a la que se le otorgó el permiso de explotación la haya sellado y la haya monitoreado durante un período suficiente como para comprobar la estabilidad del CO_2, y se haya cerciorado de que la operación se concretó en forma segura. Al cabo de ese lapso, el área volvería al Estado en forma definitiva”, explica Morbach.

La experiencia internacional

Con el fin de definir la propuesta legislativa sobre CCS en Brasil, los investigadores estudiaron las legislaciones vigentes en países del Reino Unido, en Australia, en Estados Unidos, en la provincia de Alberta, en Canadá, y en Noruega.

Los últimos tres países son los que más han avanzado en la explotación económica de la CCS, con proyectos actualmente en operación.

“La experiencia internacional muestra que esta actividad solamente puede prosperar si cuenta con la participación del Estado como una especie de garante que plantea reglas oportunas, implementa leyes y asume riesgos a largo plazo”, dice el geólogo Israel Lacerda de Araújo, también integrante del grupo de investigación sobre el tema en el RCGI.

“No es posible sacar cualquier proyecto del papel cuando no existen reglas claras, acuerdos entre las partes y un Estado que ejerza como árbitro, actuando incluso en defensa de los intereses de la población nacional”, sostiene Lacerca de Araújo, quien es consultor legislativo del Senado en el área de energía, minería y temas relacionados y efectuó la articulación con Prates para la elaboración del proyecto de ley.