Clasificación agrícola de la producción de vegetales de los productores orgánicos del estado de São Paulo vinculados a los Sistemas Participativos de Garantía (SPG), 2020 (fuente: Tayrine Parreira Brito)

Alimentos
Las propiedades orgánicas certificadas por pares exhiben una mayor diversidad de productos
08-08-2024
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Una investigación realizada en el estado de São Paulo (Brasil) indica que en dichas unidades productivas la lista de productos abarca en promedio 58,8 artículos, mientras que en aquellas certificadas mediante auditoría convencional el promedio es de 22,2 artículos

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Las propiedades orgánicas certificadas por pares exhiben una mayor diversidad de productos

Una investigación realizada en el estado de São Paulo (Brasil) indica que en dichas unidades productivas la lista de productos abarca en promedio 58,8 artículos, mientras que en aquellas certificadas mediante auditoría convencional el promedio es de 22,2 artículos

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Clasificación agrícola de la producción de vegetales de los productores orgánicos del estado de São Paulo vinculados a los Sistemas Participativos de Garantía (SPG), 2020 (fuente: Tayrine Parreira Brito)

 

Por José Tadeu Arantes  |  Agência FAPESP – En el marco de un estudio realizado en Brasil, se compararon dos sistemas de certificación de productos orgánicos implementados en el estado de São Paulo: uno que comprende la auditoría convencional, realizada por empresas auditoras acreditadas por el Ministerio de Agricultura y Ganadería (Mapa, en portugués) y por el Instituto Nacional de Metrología, Calidad y Tecnología (Inmetro), y otro en el cual la certificación se encuentra a cargo de pares.

Los resultados de referido estudio, dados a conocer en la revista Organic Agriculture, señalan que la auditoría por pares le aporta a la producción orgánica la virtud de la agrobiodiversidad. Es otras palabras: la lista de productos ofertados por propiedades con este tipo de certificación es significativamente mayor. “Esto evita que se reproduzca en el contexto orgánico la tendencia al monocultivo a gran escala, destinado a la producción de commodities”, dice Tayrine Parreira Brito, doctoranda en la Facultad de Ingeniería Agrícola de la Universidad de Campinas (Feagri-Unicamp) y primera autora del artículo.

Durante las últimas décadas, la agricultura orgánica ha experimentado en diversos países un crecimiento exponencial. Datos recabados por The Research Institutes of Organic Agriculture (FiBL) y por el Ifoam Organics International indican que, entre 2012 y 2022, las extensiones de tierra destinadas a los cultivos orgánicos se expandieron más de 53 millones de hectáreas a nivel mundial, un crecimiento que corresponde a más de dos veces el área total del estado de São Paulo, de 24.821.900 hectáreas.

Con más de 1 millón de hectáreas destinados a la agricultura orgánica, Brasil ocupa el cuarto lugar en el ranking mundial en términos de superficie. Es también el mayor mercado de orgánicos de Latinoamérica, con una estimación de 4.000 millones de reales de facturación minorista en el sector en el año 2022. De 2012 a 2021, la cantidad de productores orgánicos en el país creció un 448,63 %, para llegar a los 26.622 productores en 2021.

Estos datos son muy sustantivos. Pero los expertos remarcan que, si bien la opción orgánica resulta altamente deseable desde el punto de vista de la promoción de la salud humana y de la minimización del impacto ambiental, debe combinarse como otros parámetros ambientales y sociales.

Un ejemplo al que Parreira Brito denomina “convencionalización de la agricultura orgánica” es lo que está sucediendo en África, donde el 35 % de toda la producción orgánica está ocupado por la soja destinada a la Unión Europea. “Si bien se trata de una importante fuente de divisas para países como Togo y otros, esa ultraespecialización no aporta directamente a la solución de los problemas alimentarios de las poblaciones locales, ni tampoco se basa en los cultivos tradicionales del continente”, afirma.

Según la investigadora, los denominados Sistemas Participativos de Garantía (SPG) han venido contribuyendo significativamente al logro de una mayor diversidad en el contexto orgánico brasileño. “Se trata de un sistema de certificación por pares que evalúa a las unidades productivas como un todo y no solamente los productos destinados al mercado”, explica.

Y prosigue: “En nuestra investigación comparamos las unidades certificadas mediante Sistemas Participativos de Garantía con las unidades certificadas mediante auditoría convencional en el estado de São Paulo. Y la misma reveló que las unidades certificadas vía SPG tienen en promedio 58,8 artículos por productor, mientras que las unidades certificadas con auditoría convencional presentan en promedio 22,2 artículos. Esta mayor diversidad incluye una rica variedad de especies vegetales, con relieve para especies autóctonas y de uso medicinal. Frutas autóctonas, como el guapurú, la pitanga y la uvaia, que poseen escasa expresión en el mercado convencional, son comercializadas por esos productores en ferias orgánicas durante los períodos de fructificación y se erigen como una fuente adicional de ingresos.”

En el estudio se destaca que, mientras que la certificación mediante auditoría generalmente se concentra en pocos productos, a menudo destinados a la exportación, los SPG favorecen un abordaje más holístico e inclusivo, al promover prácticas agroecológicas en propiedades de agricultura familiar. “Esto sugiere que los SPG pueden desempeñar un rol crucial para evitar la convencionalización de la agricultura orgánica y asegurar que la misma permanezca fiel a sus principios originales de sostenibilidad y biodiversidad”, remarca Parreira Brito.

Desde el punto de vista práctico, no existe conflicto entre la certificación mediante SPG y la certificación por auditoría convencional. Y hay productores que recurren a una y a la otra, agregándole dos sellos de conformidad orgánica a sus productos. Con todo, a efectos de su comercialización en el exterior, el único país además de Brasil que acepta la certificación mediante SPG es Chile. “En Brasil y en Chile, el SPG recibe el mismo reconocimiento que la auditoría. De este modo, los productos pueden comercializarse vía contacto directo con los consumidores e indirectamente en tiendas o cadenas de supermercados. En otros países, como México y Costa Rica, el reconocimiento se ciñe a la concreción de la comercialización directa”, informa Parreira Brito.

Este panorama podrá cambiar; pero, por ahora, para enviar sus productos a la Unión Europea, a Estados Unidos y a otros mercados mundiales, los productores deben contar con la certificación vía auditoría.

Esto no impide que algunos productores estén abocados a la búsqueda de formas de corregir el rumbo de su actividad, a los efectos de evitar la convencionalización. Tal es el caso de una importante cooperativa de productores familiares de café orgánico. Recientemente, los directivos de dicha cooperativa se percataron de que la ultraespecialización en la caficultura estaba haciendo que las unidades productivas se volviesen totalmente dependientes del mercado para contemplar hasta sus mínimas necesidades alimentarias.

“Los Sistemas Participativos de Garantía han contribuido significativamente para evitar este tipo de distorsión. Debido a su metodología horizontal, crean una red social solidaria que promueve la inclusión y la valoración de los agricultores familiares, conectando a los productores y con los consumidores y disminuyendo la distancia entre el campo y la ciudad”, comenta la profesora Vanilde de Souza-Esquerdo, directora del doctorado de Tayrine Parreira Brito y coautora del artículo.

El Laboratorio de Extensión Rural y Agroecología (Lera), que ella coordina en la Unicamp, estudia los SPG desde hace más de diez años.

“Tenemos tesis, tesinas y artículos publicados que abordan los SPG desde distintas perspectivas, lo que nos posiciona actualmente como uno de los principales grupos de investigación de este tema a nivel mundial”, comenta.

La directora de tesis remarca que un aspecto importante de la actividad de los SPG consiste en incluir criterios sociales y conductuales en sus parámetros de certificación. “Por ejemplo, es inadmisible la violencia contra la mujer. A las unidades productivas en donde ese tipo de situaciones ocurren probadamente se les negará su certificado de conformidad orgánica”, dice.

El estudio al que aquí se hace referencia forma parte del proyecto de investigación intitulado “Límites, desafíos y potencialidades del Sistema Participativo de Garantía (SPG) en asentamientos rurales del estado de São Paulo”, a cargo de Parreira Brito bajo la dirección de De Souza-Esquerdo, con el apoyo de una beca de la FAPESP.

Puede accederse a la lectura del artículo intitulado Agrobiodiversity in Participatory Guarantee Systems (PGS) en el siguiente enlace: link.springer.com/article/10.1007/s13165-024-00468-3

 

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